Sanjiv Singh tiene 20 años, Raja Randhawa, 21 años, y Harpreet Bakshi, 23. Los tres vienen del estado de Punyab, en el norte de la India. Los tres le pagaron miles de dólares a una red de traficantes para ir a Estados Unidos atravesando América Latina. Los tres recorrieron más de 20.000 kilómetros, cruzaron decenas de fronteras a pie, en avión, en barco, en moto y en bus hasta encallar en un campamento para migrantes en México. Y los tres fueron deportados en octubre de 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando estaban a solo 24 horas de Texas por carretera.

Esos no son sus nombres verdaderos. Preferimos usar otros para protegerlos de posibles represalias de sus transportadores a quienes aún les deben dinero.

Unos meses después de su retorno forzado a casa, periodistas de The Confluence Media - un medio digital de India, y aliado de Occrp, CLIP y otros 16 medios en la investigación transnacional Migrantes de Otro Mundo – los contactó tras buscarlos a través de decenas de fuentes locales. Por varios días, los reporteros recorrieron pueblos de Punyab, buscando concretar entrevistas con alguno de los 311 deportados, que en buena parte venían de ese estado. Muchos cancelaron a última hora, pensando que, si guardaban silencio, podrían recuperar parte del dinero que le entregaron a los traficantes.

Raja y Sanjiv accedieron a hablar. Se encontraron con los periodistas en una barbería de Dharamkot, un pueblo agrícola de 15.000 habitantes. Se conocen desde la infancia, fueron al mismo colegio y se consideran hermanos. Llevan pelo corto, ropa sport, jeans, chancletas y no se despegan del celular. Dicen estar mucho mejor ahora, pues cuando llegaron de México tenían la piel quemada, estaban flacos y cansados.

The Confluence Media también logró contactar a Hapreet Singh en su pueblo de Behrampur, quien iba en el Jumbo 747 de la compañía española Wamos que el Instituto Nacional de Migración mexicano fletó para deportarlo. Lleva una barba poblada y un turbán negro. Logró estudiar y tiene un diploma de ingeniero eléctrico. Metódico, recordó con claridad todas las etapas de su viaje.

Despensa de migrantes

Punyab es considerado la despensa agrícola de la India. El estado, cuyo nombre significa “cinco ríos”, es una tierra fértil, rica. En invierno, cuando The Confluence Media viajó al sitio, el campo estaba cubierto de plantaciones listas para ser cosechadas, de flores de mostaza amarillas y de trigo recién sembrado.

En cada pueblo, en las orillas de las carreteras, en las aldeas y en las ciudades hay carteles, anuncios, folletos que prometen visas, empleo y viajes seguros al extranjero. Punyab es uno de los grandes reservorios de migrantes de la India, el país que tiene la mayor diáspora del mundo.

A pesar de contar con un sector agrícola dinámico, el desempleo es superior al promedio nacional y hay pocas oportunidades para acceder a la educación pública. Además, la mayoría de la población del estado es Sij, cuyos seguidores más fieles están en conflicto de varias décadas con el gobierno central, que se ha intensificado en el último gobierno. Ellos buscan autonomía del poder central.

En Punyab hay también una migración de vieja data. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) destaca que en algunos pueblos de esa región el 80 por ciento de las familias tienen por lo menos un pariente que migró. Y asegura que hay “una actitud general entre los jóvenes de la región que ven la migración como su mejor opción”.

En 2019, más de 8 000 ciudadanos de la India fueron capturados por patrullas fronterizas en Estados Unidos, más que cualquier nacionalidad no latinoamericana. En ese país, en el censo de 2013, más de 250 000 personas declararon hablar punyabí en casa, mientras que en Canadá, en 2016, 500 000 afirmaron que esa era su lengua materna. En Toronto, Vancouver, Los Ángeles, Nueva York los punyabis han construido importantes comunidades, con tiendas, restaurantes, mercados.

Sanjiv explica que se fue porque no había trabajo. No quería enlistarse en el ejército y no había ofertas para ser funcionario público. Raja añade que él ni siquiera tenía “pequeños” trabajos, que solo estaba vagando. Dijo que “si tratamos de hacer negocios acá, no va a funcionar. ¿Entonces que deberíamos hacer?”.

Prefieren no hablar demasiado sobre la red de traficantes que contactaron. Son cautelosos cuando hablan del tema, se miran entre ellos y luego a sus pies. Temen que cualquier información que den les pueda traer problemas para recuperar el dinero.

Para financiar su viaje, Raja hipotecó su casa con un prestamista local por 7 000 dólares. “Vendimos muchas cosas (…). Estábamos pensando que acá no hay trabajo, buscamos por mucho tiempo y terminamos gastando mucho, también le pedí dinero a mi familia”, dice. En total, les entregó 22 mil dólares a los traficantes. Sanjiv malvendió la casa de su familia por cerca de 11 000 dólares para pagar la cuota de 22 mil dólares. A ambos les prometieron que en menos de un mes y medio estarían pisando suelo estadounidense.

Harpreet, el ingeniero, fracasó dos veces en su intento por entrar al ejército y se la jugó por irse a Nueva York. Allá se veía electricista, o tal vez taxista. Esa ilusión le costó 22 mil dólares. Un vecino, que había enviado su hijo a Estados Unidos, le recomendó un traficante. Según cuenta, es el hermano de un político local.

The Confluence Media y sus aliados lograron reconstruir parte de la red de traficantes que en Punyab lleva migrantes por América Latina. En India hay un ejército de agentes locales que consiguen los candidatos a la salida. Luego la red es coordinada por ciudadanos de la India que viven en Tapachula, al sur de México, y que cuentan con cómplices a lo largo de todos los países que se atraviesan. En teoría, el grupo se encarga de todo, de la alimentación, del transporte, de las visas, la logística y garantiza que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

Mes y medio al muro

El 4 de julio de 2019 muchos en Estados Unidos celebraban el día de la independencia, con fuegos artificiales, parrilladas y banderas estrelladas. Ese mismo día, Sanjiv y Raja salieron de su pueblo. Los acompañaba un tercer joven, Manpreet Singh, que acaba de cumplir 16 años. Él nunca volvió de América.

Los tres se embarcaron en un bus al aeropuerto de Amritsar, la capital del estado Punyab. De ahí, saltaron por aire a Nueva Delhi, luego a Dubai y finalmente a Armenia, donde pararon varias semanas mientras les conseguían los tiquetes para seguir.

Su ruta continuó hacia Moscú, en Rusia, desde donde hicieron conexión con La Habana, Cuba, y luego una escala en Panamá. De ahí aterrizaron en Guayaquil, Ecuador. Más de 5.000 kilómetros los separaban del Río Grande. Raja precisa que hasta Ecuador “todo era legal, íbamos con una visa de turismo. Éramos cuatro personas allá, nuestro agente y nosotros tres”.

Desde que abrió sus puertas a los viajeros del mundo y eliminó las visas en 2008, Ecuador se volvió en paso obligado para miles de migrantes de la India. En 2019, 9 736 de sus ciudadanos sellaron sus pasaportes entrando a eses país, a pesar de que a partir de agosto de ese año las autoridades habían empezado a pedirles visa a los ciudadanos de la India. Muchos de ellos pudieron ser turistas, o personal diplomático, pero la cantidad despierta sospechas, sobre todo cuando casi dos mil de ellos, ni siquiera registraron legalmente la salida del país.

“Cuando llegamos allí (a Ecuador), nos preguntaron cuánto dinero teníamos, qué veníamos a ver y por los lugares hermosos de interés. Ya habíamos mirado, leído sobre el país, y también llevábamos dinero, para mostrarles que teníamos. Nos dieron una visa por 21 días”, dice Sanjiv.

De Ecuador, los tres amigos salieron a Colombia, pasaron por Cali y luego de un viaje de casi 800 kilómetros por carretera, llegaron a Turbo, el puerto sobre el mar Caribe. De ahí atravesaron en lancha el Golfo de Urabá, al pueblo de Capurganá, desde donde comienzan los migrantes su terrible viaje a pie por las selvas del Darién para llegar a Panamá y seguir la ruta hacia el norte. Cuentan que iban en grupos diferentes, y Sanjiv iba un par de días por delante.

“En la jungla hace mucho calor, y la gente realmente se muere ahí. Muere tanta gente que ni siquiera pensamos que íbamos a sobrevivir. Pero nuestro coraje no nos falló, seguimos moviéndonos y moviéndonos, y finalmente llegamos al campamento en Panamá. Y luego sentimos alivio”, recuerda Raja.

Harpreet se fue por otra ruta. Salió el 12 de junio de 2019, un mes antes de Raja y Sanjiv. Tomó un vuelo de Nueva Delhi a Sao Paulo, con conexión por Adís Abeba, en Etiopía. Y de la ciudad brasileña, voló a Quito. Iba con un grupo de 30 migrantes de la India, todos entraron sin mayores problemas. En Ecuador, por orden de los traficantes, se cortó la barba y el cabello, para tratar de pasar desapercibido en el resto de su viaje. En septiembre después de atravesar media América Latina, llegó a México. Pero la situación política había cambiado súbitamente.

Cambio de reglas a mitad de camino

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acababa de darle vuelta a una tradición mexicana de décadas de recibir a los refugiados políticos y abrirles puertas a los extranjeros. El acuerdo migratorio de junio 2019 entre Estados Unidos y México puso al vecino del sur contra la pared: o frenaba a los migrantes en suelo propio o el presidente estadounidense no firmaría la renovación del tratado comercial entre los dos. AMLO no tuvo más remedio que ceder porque estaban de por medio miles de empleos de la maquila amarrados al libre comercio con su vecino del norte.

Hasta ese momento, los ciudadanos de la India entraban por Tapachula, en la frontera con Guatemala al sur. Ahí les daban un permiso de salida, con el que atravesaban México entero y se jugaban la suerte saltando al otro lado.

Tras el pacto con Washington, los migrantes son detenidos en estaciones migratorias, hasta que se resuelve su situación. Después de que miles de migrantes quedaran varados en la estación de Tapachula en noviembre pasado, y hubiera revueltas y varios muertos, el gobierno les dio a muchos las opciones de quedarse como residentes en México de manera legal o ser retornados a su país.

A Sanjiv y Raja los detuvieron en cuanto llegaron a suelo mexicano. “Nos dijeron que fuéramos al campamento, allá supuestamente nos iban a dar el documento de salida del país, pero me guardaron 40 días en el campo de Chetumal primero, y luego el de Veracruz”, cuenta Raja. Harpreet fue arrestado por las autoridades, que se lo llevaron junto con otros 60 migrantes de la India, al mismo centro de internamiento para migrantes de Veracruz.

Cuando llegaron a la Estación Migratoria de Acayucan en Veracruz, más de 500 migrantes de la India se hacinaban en el lugar. “En el campamento no había ropa, ni instalaciones para bañarse. Solo nos daban comida una o dos veces al día, no era muy buena”, dice Raja. Y añade que solo servían pollo, a pesar de que la mayoría de las personas de India son vegetarianas. Sanjiv recuerda que había zancudos, que hacía frío y que no atendían a los enfermos.

Acayucan es un edificio amurallado, resguardada por rejas de acero blancas y policías federales con el arma visible, que prohíben el paso a cualquier persona, excepto empleados y autobuses que lleven migrantes. Los internan en pequeñas celdas de seis metros cuadrados, con planchas de concreto donde duermen. Las ventanas, con barrotes, son de apenas 80 centímetros por 120. Las duchas y los baños no tienen puertas ni cortinas.

La estación queda cerca al pueblo de Acayucan, a unos 70 kilómetros de la costa del Golfo de México y muy próxima a una ruta principal de migrantes porque allí pasan varias vías férreas y carreteras que conectan el sur de México y Centro América con los estados norteños, pegados a Estados Unidos.

En teoría, en el sitio no hay cupo para más de 836 personas. Pero en realidad más de 3 000 hombres, mujeres y niños se apilan en el campamento. En diciembre de 2019, las autoridades informaronque ese año habían atendido a más de 51 mil personas en total. En su enorme mayoría, migrantes de Centroamérica y Cuba. Pero también 733 ciudadanos de la India.

Desde hace ya varios años, organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando las pésimas condiciones de la estación de Acayucan. En 2017, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, cuya sede está en Ciudad de México, denunció que no hay ventilación en las celdas sobrepobladas y que el calor es abrumador. En verano, la temperatura sobrepasa los 30 grados. Cuando visitaron el campo, desde hacía cinco días no había agua y en los baños se acumulaban desechos orgánicos porque no habían sido lavados. El informe también resaltó que las colchonetas nunca son limpiadas y que estaban infestadas de chinches.

Un informe de noviembre de 2019 del órgano estatal mexicano que vela por el respeto a los derechos de las personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostiene que, en varios centros para migrantes, incluido el de Acayucan, hay celdas de castigo para quienes no cumplen con las reglas que imponen las autoridades.

Organizaciones de apoyo a los migrantes también han registrado denuncias de que funcionarios y abogados mexicanos extorsionan algunos migrantes, cobrándoles por documentos que son gratuitos, pidiéndole dinero a familiares a cambio de dejarlos salir del centro. El Instituto Nacional de Migración respondió que esas denuncias realizadas por migrantes cubanos no tenían fundamento.

Aunque en 2019 el gobierno anunció una inversión de 39 millones de pesos mexicanos (1,9 millones de dólares en ese momento) para remodelar una parte de la estación, en los primeros meses del 2020 ya se han registrado motines, fugas y protestas de migrantes por las condiciones de detención. En enero, el Instituto Nacional de Migración restringió el acceso a los centros de migrantes a varias organizaciones de derechos humanos.

Deportados por sorpresa

Sanjiv, Raja y Harpreet aguantaron varias semanas en Acayucan. Haciendo poco o nada, dando vueltas en el patio, incomunicados, preparándose para el salto definitivo hacia Estados Unidos. Pero el jueves 17 de octubre, según relatan, los subieron junto a centenares de compatriotas en seis buses. No les dijeron por qué se los llevaban. Tampoco les dieron información sobre su destino. Tras un recorrido de varias horas, los migrantes se dieron cuenta que llegaban a un aeropuerto.

“Ni siquiera nos dijeron que nos iban a deportar. Llevaron personas en todos estos autobuses, nos llevaron al aeropuerto, a un aeropuerto internacional y allí nos deportaron”, dice Raja. Unos días después, Francisco Garduño, cabeza del Instituto Nacional de Migración advirtió que “es un aviso para toda la inmigración transcontinental: así sean de Marte, los vamos a mandar a la India, Camerún o África".

El Boeing 747 salió del aeropuerto internacional de Toluca con 310 hombres y una mujer, todos de la India, custodiados por 74 mexicanos, de la Agencia Federal de Migración y de la Guardia Nacional. En el avión, muchos intercambiaron historias de cómo habían llegado ahí. Para algunos era un alivio, pues llevaban meses comiendo mal, viviendo en permanente movimiento, con un morral por única posesión. El vuelo de regreso fue finalmente la etapa más corta de sus turbulentos viajes.

Por la emergencia sanitaria ligado al Covid-19, que suspendió las peticiones de información oficial, no fue posible conocer el costo exacto del traslado de los ciudadanos de la India. Pero esta alianza pudo establecer que, en 2019, el gobierno mexicano destinó 462 millones de pesos (24 millones de dólares al cambio de diciembre de 2019) para el traslado de migrantes por vía terrestre o aérea. Y específicamente para tiquetes aéreos, el Instituto Nacional de Migración firmó un contrato con la empresa Artmex Viajes S.A. que fue adjudicado de manera directa por 224 millones de pesos (11,6 millones de dólares al cambio de diciembre de 2019).

Después de 36 horas de vuelo, incluyendo una escala en Madrid, los migrantes aterrizaron en Nueva Delhi. Sin mucho más que sus pasaportes, estaban de nuevo en casa. Al bajarse, no sabían qué esperar. Muchos pensaban que los iban a encarcelar. Los entrevistaron las autoridades, pero finalmente los dejaron volver a casa.

Harpreet, el ingeniero, no pierde la esperanza de recuperar parte de su inversión. Eso es lo que le prometieron los traficantes. “Los agentes tienen la regla de que se responsabilizan hasta que cruzas el muro hacia Estados Unidos. Lo que pasa después ya no es problema de ellos”, dijo.

Raja está a punto de perder su casa. Tras hipotecarla para financiar el viaje, no tiene cómo pagar las cuotas de 500 dólares mensuales. Sanjiv, que vendió su casa para pagar a los traficantes, trata ahora de juntar los 20 dólares mensuales para el alquiler del apartamento donde vive con su madre. Cualquier discusión sobre el dinero o la deuda viene acompañada de una expresión de ansiedad y preocupación, pero no se desmoronan. Casi todos los días llaman a los traficantes y les suplican que les devuelvan el dinero pagado.

Sanjiv, sin mucha esperanza, dice: “también teníamos sueños, esos sueños están rotos, eso es lo que pasa”. Su amigo Manpreet, el adolescente que salió con él, nunca volvió. Murió de una neuroinfección en noviembre de 2019 en un hospital de Coatzacoalcos, en Veracruz, pocos días después de que lo sacaran de la Estación Migratoria de Acayucan. Ya estaba enfermo, pero solo le dieron un salvoconducto y le abrieron las rejas. Sus cenizas siguen en México. Su familia no ha logrado juntar dinero suficiente para ir a recogerlas.

Sanjiv Singh is 20 years old, Raja Randhawa, 21, and Harpreet Bakshi, 23. All three come from the northern Indian state of Punjab. All three paid thousands of dollars to a network of traffickers in order to be taken to the United States through Latin America. All three travelled more than 12,000 miles, crossing dozens of borders either on foot or on planes, boats, motorbikes and buses, before they got stuck in a camp for migrants in Mexico. And all three were deported in October 2019 by the government of Andrés Manuel Lopez Obrador, when they were a 24-hour drive away from Texas.

Those are not their real names. We prefer to use different ones in order to protect them from possible reprisals from their transporters, to whom they still owe money.

A few months after their forced return home, journalists from The Confluence Media - a digital media outlet in India, and an ally of Occrp, CLIP and 16 other media outlets in the transnational investigation Migrants from Another World – managed to contact them after searching for them through dozens of local sources. For several days, reporters toured villages in Punjab, trying to arrange interviews with some of the 311 deportees, many of whom were from that state. Many cancelled at the last minute, thinking that if they kept silent they might recover some of the money given to the traffickers

Raja and Sanjiv agreed to talk. They met the journalists in a barbershop in Dharamkot, a farming village of 15,000 people. They have known each other since childhood; they went to the same school and consider themselves brothers. They don short hair, sports clothes, jeans and flip-flops, and they never put down their cell phones. They say they are much better now, because when they arrived from Mexico they had burned skin and they were thin and tired.

The Confluence Media also managed to contact Hapreet Singh in his village of Behrampur, who was on the Jumbo 747 of the Spanish company Wamos that the Mexican National Institute of Migration chartered to deport him. He has a bushy beard and a black pagri. He had a chance to study and has a degree in electric engineering. Methodical, he remembered all the stages of his journey clearly.

A Migrants’ Pantry

Punjab is considered the agricultural pantry of India. The state, whose name means “five rivers”, is a rich and fertile land. In winter, when The Confluence Media travelled to the site, the fields were covered in crops ready for harvest, yellow mustard flowers and freshly sown wheat.

In every town, on the edges of the roads, in the villages and in the cities, there are posters, advertisements, and brochures promising visas, employment and safe trips abroad. Punjab is one of the great reservoirs of migrants from India, the country with the largest diaspora in the world.

Despite enjoying a dynamic agricultural sector, unemployment is higher than the national average and there are few opportunities to access public education. Moreover, the majority of the population of the state is Sikh, whose staunchest supporters have been in a decades-old conflict with the central government that has intensified with the last administration. They seek autonomy from the central power.

In Punjab, there is also a long-standing tendency towards migration. A report by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) notes that, in some villages in the region, 80 percent of families have at least one relative who has migrated. And it claims there is “a general attitude among the region’s young who see migration as their best option”.

In 2019, more than 8,000 Indian citizens were captured by border patrol in the United States, more than any non-Latin American nationality. In the census of 2013 of the United States, more than 250,000 people claimed to speak Punjabi at home, while in Canada in 2016, 500,000 claimed that it was their mother tongue. In Toronto, Vancouver, Los Angeles and New York, Punjabis have built important communities, with shops, restaurants and markets.

Sanjiv explains that he left because there were no jobs. He didn’t want to join the army and there were no offers to become a civil servant. Raja adds that he didn’t even have “small” jobs; that he was just wandering around. He said that “if we try to do business here, it won’t work. So what should we do?”

They prefer not to talk too much about the network of traffickers they contacted. They’re cautious when talking about it, looking at each other and then at their feet. They’re afraid that any information they give out could lead to trouble getting back their money.

To finance his trip, Raja mortgaged his house with a local lender for 7,000 dollars. “We sold a lot of things... we were thinking that there are no jobs here, we looked for a long time and ended up spending a lot, I also asked my family for money,” he says. In total, he gave 22,000 dollars to the traffickers. Sanjiv undersold his family’s house for about $11,000 in order to pay the $22,000 fee. Both were promised that in less than a month and a half they would be on American soil.

Harpreet, the engineer, failed twice in his attempt to join the army and took a chance going to New York. There pictured himself as an electrician there, or maybe a taxi driver. That illusion cost him $22,000. A neighbor, who had sent his son to the United States, recommended a trafficker. According to Harpreet, he is the brother of a local politician.

The Confluence Media and its allies managed to reconstruct part of the network of traffickers in Punjab that takes migrants through Latin America. In India, swarms of local agents find good candidates for migration. The network is then coordinated by Indian citizens who live in Tapachula, south of Mexico, and who have accomplices throughout the countries along the route. In theory, the group takes care of everything, from food and transportation to visas and logistics, and ensures that the migrants arrive in the United States.

A Month and a Half to the Wall

On July 4, 2019, many in the United States celebrated Independence Day with fireworks, barbecues, and star-spangled banners. That same day, Sanjiv and Raja left their village. They were accompanied by a third young man, Manpreet Singh, who had just turned 16. He never returned from America.

The three embarked on a bus to the airport in Amritsar, the capital of the state of Punjab. From there, they flew to New Delhi, then to Dubai and finally to Armenia, where they stopped for several weeks while they were provided with tickets to continue.

Their journey took them to Moscow, Russia, where they connected to Havana, Cuba and then made a second stopover in Panama. They finally landed in Guayaquil, Ecuador. Over 3,000 miles separated them from the Rio Grande. Raja clarifies that up until Ecuador “everything was legal, we had a tourist visa. There were four of us there, our agent and the three of us”.

Since opening its doors to world travelers and eliminating visas in 2008, Ecuador has become a mandatory stop for thousands of migrants from India. In 2019, 9,736 of its citizens had their passports stamped upon entering this country, despite the fact that as of August of that year authorities had started requesting visas from Indian citizens. Many of them may have been tourists or diplomatic personnel, but the number arouses suspicion, especially considering that almost two thousand of them did not register their departure from the country legally.

“When we arrived there (in Ecuador), they asked us how much money we had, what we came to see and the beautiful places of interest. We had already looked, read about the country, and we also had money with us, in to show them that we had it. They gave us a visa for 21 days,” Sanjiv says.

From Ecuador, the three friends left for Colombia, passed through Cali and after a journey of almost 500 miles by road, they arrived at Turbo, the port on the Caribbean Sea. From there they crossed the Gulf of Urabá by boat to the town of Capurganá, where the migrants began their terrible journey on foot through the Darien jungles heading for Panama and hoping to follow the route north. They say they were in different groups, and Sanjiv was a couple of days ahead.

“It's very hot in the jungle, and people are really dying there. So many people are dying that we didn’t even think we were going to survive. But our courage didn’t fail us, we kept moving and moving, and finally we made it to the camp in Panama. And then we felt relief,” Raja recalls.

Harpreet went a different route. He left on June 12, 2019, a month before Raja and Sanjiv. He took a flight from New Delhi to Sao Paulo, connecting Addis Ababa, Ethiopia. From the Brazilian city, he flew to Quito. He was with a group of 30 migrants from India, all of whom entered without any major problems. In Ecuador, on orders from the traffickers, he cut his beard and hair, to try to go unnoticed for the rest of his journey. In September, after crossing half of Latin America, he arrived in Mexico. But the political situation had suddenly changed.

Change of Rules Halfway Through

The government of Andrés Manuel López Obrador had just overturned a decades-old Mexican tradition of receiving political refugees and opening doors to foreigners. The June 2019 immigration agreement between the United States and Mexico put the southern neighbor against the wall: it either stopped migrants on their own soil, or the U.S. president would not renew the trade agreement between the two. AMLO had no choice but to give in because thousands of maquila jobs were tied up in free trade with his northern neighbor.

Until that moment, Indians were entering Mexico through Tapachula, on the border with Guatemala to the south. There they were given an exit permit which they used to cross the length of Mexico and jump to the other side.

After the pact with Washington, migrants were detained in immigration stations until their situation was resolved. As thousands of migrants were left stranded in the Tapachula station in November and riots resulted in several deaths, the government provided many with the option of staying in Mexico as legal residents or being returned to their countries.

Sanjiv and Raja were arrested as soon as they arrived on Mexican soil. “They told us to go to the camp, where they were supposed to give us the document to leave the country, but they kept me for 40 days in the camp in Chetumal first, and then the one in Veracruz,” says Raja. Harpreet was arrested by the authorities, who took him and 60 other Indian migrants to that same detention center in Veracruz.

When they arrived at the Acayucan migrant holding center in Veracruz, more than 500 Indian migrants already crowded the place. “In the camp there were no clothes, no bathing facilities. They only gave us food once or twice a day, it wasn’t very good,” says Raja. They only served chicken, he adds, even though most people in India are vegetarians. Sanjiv remembers that there were mosquitoes, it was cold and they didn’t take care of the ill.

Acayucan is a walled building, guarded by white steel bars and federal police officers with visible weapons who forbid anyone from entering except for employees and buses carrying migrants. They are held in small cells measuring six square meters, with concrete slabs on which they sleep. The windows, with bars, are barely 80 by 120 centimeters. The showers and bathrooms have no doors or curtains.

The station is close to the town of Acayucan, about 40 miles from the coast of the Gulf of Mexico and very close to a main migrant route with several railroads and highways connecting southern Mexico and Central America with the northern states, close to the United States.

For several years now, civil society organizations have been denouncing the appalling conditions at the Acayucan station. In 2017, the Institute for Security and Democracy, whose headquarters are in Mexico City, denounced that there is no ventilation in the overcrowded cells and that the heat is overwhelming. In summer, the temperature exceeds 30 degrees Celsius. When they visited the camp, there had been no water for five days and organic waste had accumulated in the bathrooms because these had not been washed. The report also noted that the mattresses were never cleaned and were infested with bedbugs.

A November 2019 report by the Mexican state body that monitors respect for people’s rights, the National Human Rights Commission (CNDH), states that in several migrant centers, including Acayucan, there are punishment cells for those who do not comply with the rules imposed by the authorities.

Organizations for the support of migrants have also recorded allegations that Mexican officials and lawyers are extorting some migrants, charging them for documents with no cost and asking relatives for money in exchange for letting them leave the center. The National Migration Institute responded that these allegations by Cuban migrants were unfounded.

Although in 2019 the government announced an investment of 39 million Mexican pesos (US$1.9 million at the time) for refurbishing part of the station, there have already been riots, escapes and protests by migrants over detention conditions in the early months of 2020. In January, the National Migration Institute restricted access to migrant centers for several human rights organizations.

Deported by Surprise

Sanjiv, Raja and Harpreet held out for several weeks in Acayucan. They did little or nothing, wandering around the yard, incommunicado, preparing for the final jump to the United States. But on Thursday, October 17, they were reportedly loaded onto six buses along with hundreds of their compatriots. They were not told why they were being taken away. Nor were they given any information about their destination. After a journey of several hours, the migrants realized that they were arriving at an airport.

“They didn't even tell us they were going to deport us. They took people in all these buses, they took us to the airport, an international airport, and there they deported us,” says Raja. A few days later, Francisco Garduño, head of the National Institute of Migration announced “this is a warning to all transcontinental immigration: even if they come from Mars, we are going to send them to India, Cameroon or Africa.”

The Boeing 747 left Toluca International Airport with 310 men and one woman, all from India, guarded by 74 Mexicans from the Federal Migration Agency and the National Guard. On the plane, many exchanged stories of how they got there. For some, it was a relief, as they had been eating poorly for months, living always on the move, with a backpack as their sole possession. The return flight turned out to be the shortest leg of their turbulent journey.

Due to the health emergency measured linked to COVID-19, which suspended requests for official information, it was not possible to know exactly how much it cost to transport these Indian citizens. However, this alliance was able to establish that, in 2019, the Mexican government allocated 462 million pesos (US$24 million at the December 2019 exchange rate) for the transfer of migrants by land or air. And regarding air tickets specifically, the National Institute of Migration signed a contract with the company Artmex Viajes S.A. which was directly awarded for $224 million pesos ($11.6 million dollars at the exchange rate of December 2019).

After a 36-hour flight including a stopover in Madrid, the migrants landed in New Delhi. Carrying little more than their passports, they found themselves back home. They didn’t know what to expect when they got off. Many thought they would be imprisoned. They were interviewed by authorities, but were finally allowed to return home.

Harpreet, the engineer, doesn’t lose hope of recovering some of his investment. That’s what the traffickers promised him. “Agents have a rule that they take responsibility until you cross the wall into the United States. What happens after that is no longer their problem,” he said.

Raja is about to lose his house. Having mortgaged it to finance his trip, he can’t afford to pay the monthly payments of $500. Sanjiv, who sold his house to pay the traffickers, is now trying to raise the $20 a month that costs him to rent the apartment where he lives with his mother. Every discussion about money or debt is followed by anxiety and concern, but they don’t fall apart. Almost every day, they call the traffickers and beg for their money.

Hopelessly, Sanjiv says: “we had dreams too, those dreams are broken, that’s what happens”. His friend Manpreet, the teenager he set out with, never came back. He died of a neuro-infection in November 2019 in a hospital in Coatzacoalcos, Veracruz, a few days after he was taken from the Acayucan Migratory Station. He was already ill, but they only gave him a pass and opened the gates. His ashes are still in Mexico. His family has not been able to raise enough money to collect them.